Varios centenares de ganaderos se han sumado ya a la demanda colectiva que gestiona el despacho de abogados Eskariam contra las empresas lácteas acusadas por Competencia de formar un cártel entre 2000 y 2013 con la finalidad de exigir daños y perjuicios.
Así lo ha avanzado David Fernández, responsable del bufete, que estima quelos ganaderos podrán reclamar un importe equivalente a entre el 10 y el 12,5 % de su facturación en esos trece años, por el perjuicio provocado a raíz del pacto de precios entre las compañías.
Fernández ha dicho que la denuncia se presentará ante juzgado mercantil antes del 11 de julio, pese a que no se resolverá previsiblemente hasta que la Audiencia Nacional se pronuncie sobre el recurso presentado por las compañías afectadas, que niegan las acusaciones de Competencia. Eskariam prevé un proceso especialmente largo, que podría durar más de seis años.
Ya se presentó una demanda por daños y perjuicios en Granada
El responsable del bufete ha detallado que la mayor parte de los afectados se encuentran en regiones ganaderas como Galicia, Asturias, Cataluña (donde negocian colaborar con un despacho que también está reuniendo a ganaderos para presentar una demanda colectiva), Castilla y León o Andalucía.
El caso está basado en la sanción impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), tras detectar que varias asociaciones y empresas del sector lácteo intercambiaron entre los años 2000 y 2014 distinta información que les permitiera influenciar en los precios a pagar a los ganaderos.
Revisión a la baja de la sanción
La investigación concluyó en 2015 con una resolución que sancionaba a las empresas con 88 millones de euros pero las compañías afectadas recurrieron y la Audiencia Nacional ordenó retrotraer el procedimiento al momento inmediatamente anterior a abril de 2014 por defectos de forma.
Por este motivo, en 2019, Competencia revisó el expediente y rebajó la sanción hasta los 80 millones de euros. Dicha resolución también ha sido recurrida en esta ocasión.
Las grandes empresas sancionadas son Capsa, Danone, Lactalis, Industrias Lácteas de Granada, Calidad Pascual y Nestlé.
