Cárnicos

Los falsos autónomos se esfuman de las cárnicas y los sindicatos miran ahora hacia las subcontratas

La figura del «falso autónomo» -cooperativistas de trabajo asociado- parece esfumarse de la industria cárnica española tras la batalla presentada por las principales organizaciones sindicales que ahora ponen el foco de atención en subcontratas a las que han sido derivados muchos de ellos.

Así lo indican representantes de las organizaciones sindicales CCOO y UGT mientras que desde la industria cárnica (Anice, en concreto) apuntan que esas subcontratas entran dentro de la legalidad y avisan de que han abandonado el modelo de cooperativismo asociado a la espera de que se regule «adecuadamente».

Dentro de CCOO, ha sido su responsable de Industria Alimentaria, Vicente Canet, la cara más visible de la campaña «Carne sin fraude» con la que lanzaron hace un año y medio el conocido semáforo laboral cárnico que marcaba en rojo el nombre de las industrias que tienen «falsos autónomos», en verde las que no y en amarillo las que habían iniciado el proceso para acabar con esa figura; y todo ello, con la publicidad en web y otros soportes.

Transcurrido este tiempo, Canet considera que la acción está «prácticamente terminada» y el próximo septiembre se hará «un gran acto de cierre del semáforo» porque «actualmente solo quedan cuatro empresas» que tendrían algo más de 400 «falsos autónomos».

Cree que se ha dado «un gran paso» a pesar de que han visto cómo la «carrera por la regularización» ha llevado al uso de «subcontratas, que son empresas de multiservicios«.

No obstante, dice que la situación laboral es mejor que la anterior, al estar cotizando en el régimen general, pero indica que no todas esas subcontratas aplican el convenio de las cárnicas y optan por el de la propia empresa que, «muchas veces, es peor».

Canet afirma que estarán atentos a esos movimientos para ver si en esa subcontratación «hay cesión ilegal» de trabajadores.

La Seguridad Social decidió indagar en este asunto con acciones destacadas como la de mayo de 2018 cuando comenzó a dar de alta en el régimen general a los cooperativistas.

A final de julio de 2018, la Inspección de Trabajo pidió a la cooperativa Servicarne (la de mayor envergadura) más de 15 millones de euros como liquidación de cuotas a la Seguridad Social en los últimos cuatro años por tener 400 «falsos autónomos» en una empresa que, según la inspección, debían considerarse como asalariados por cuenta ajena.

La vía judicial también está abierta y ya hay algunas sentencias en primera instancia que dan la razón a uno u otro bando por lo que está previsto una larga carrera en los tribunales; según Canet, en total, las compañías pueden enfrentarse a más de 210 millones de euros en cotizaciones no abonadas.

Desde UGT, el secretario de Alimentación, Bebidas y Tabaco, Sebastián Serena, valora los «muchos» empleados que han pasado a ser asalariados, una acción que tomó relevancia «a partir de 2017».

«Hemos sido capaces mediante denuncias, demandas y gracias a las empresas, que vieron lo que se les venía, de conseguir esto», añade.

«Todo el trabajo en conjunto de sindicatos, Inspección de Trabajo y la autoridad laboral ha servido para solucionar el problema», apunta Serena, quien, al igual que Canet, indica que quedan «muy pocas empresas» con «falsos autónomos».

También le consta a este sindicato que algunas compañías «han buscado otras vías» y «han sustituido» las cooperativas de trabajo asociado por «empresas multiservicios, algunas de ellas especializadas en cárnico».

Lo ve como un «encaje legal» pero cree que «sigue sin ser adecuado» porque «podemos estar hablando de cesión ilegal de trabajadores», al igual que apuntaba CCOO.

El secretario general de la Asociación Nacional de Industrias de la Carne (Anice), Miguel Huerta, asegura que «ha habido de todo», cooperativistas que se han incorporado a las plantillas pero también «otras soluciones alternativas dentro de la legalidad».

Esas «figuras» -refiriéndose a las empresas multiservicios- dan «flexibilidad» para ajustar la mano de obra a la carga de producción.

Para Huerta, la industria cárnica «rechaza» el término «falso autónomo» y explica que hay «siete sentencias judiciales» a día de hoy, «cinco de las cuales dan la razón a las empresas» porque el juez «dice que la cooperativa era perfectamente legal».

Considera que la figura del cooperativismo asociado en las cárnicas se ha «abandonado muy forzadamente» porque la Inspección de Trabajo «desató una particular guerra».

La actuación de la Inspección «ha sido un dislate» porque lo ha hecho «prematuramente y de forma poco reflexiva».

Las cárnicas «quieren un marco jurídico estable» y por eso «han optado por abandonar» este modelo «a la espera de que se regule adecuadamente» porque la actual Ley de Cooperativas «es muy antigua y se ha visto superada por normativas autonómicas».

Según Huerta, la industria se niega a renunciar al modelo cooperativo: «¿Por qué vamos a renunciar a ellas si nos dan capacidad de competir y nos ha ido muy bien hasta ahora?», se pregunta.

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