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Los agricultores recelan del auge de las renovables por el uso de la tierra

El auge de las energías renovables ha despertado recelos entre los agricultores y ganaderos de algunas zonas de España, que ven peligrar el uso de las tierras que necesitan para producir alimentos ante el avance de grandes parques eólicos o proyectos de placas solares.

Las organizaciones agrarias están recibiendo quejas de productores que ven comprometido su acceso a los terrenos que arriendan porque sus propietarios prefieren cedérselos a empresas del sector de las renovables.

“No somos quiénes para decirle a un propietario lo que tiene que hacer con su explotación”, declara a Efeagro el presidente de Asaja, Pedro Barato, quien defiende que en los arrendamientos de terrenos públicos de la España rural “prevalezcan las actividades agrícolas o ganaderas”, puesto que dan empleo y deben preservarse.

En cualquier caso, sería preferible que las instalaciones de renovables ocupasen áreas donde la rentabilidad agraria sea menor, plantea Barato, a favor también de que los productores se valgan de esas tecnologías para consumo propio.

Su organización en Ávila se opone, por ejemplo, a un proyecto de huerto solar “poco transparente” de cientos de hectáreas que ahora se utilizan como pastos para ganadería, en un terreno comunal rico en recursos naturales y que atrae al turismo.

Huertos solares cuestionados

En la comarca de El Bierzo (León), la polémica también está servida a raíz de un proyecto de parque eólico de 110 megavatios (MW) de potencia, previsto “en su mayoría” en terreno de uso agrícola, vitivinícola, lo que tendría un “impacto negativo” para esas producciones, según el concejal de Medio Ambiente del ayuntamiento de Cacabelos, Ángel García.

Parque eólico
Parque eólico y paneles solares en Tenerife.

Casi cuarenta bodegas se han unido para plantear alegaciones contra la instalación, por querer en su opinión “expropiar el patrimonio natural más que dejar riqueza”.

Fuentes de Endesa -empresa que promueve cuatro parques eólicos en esa comarca, con una inversión de 382 millones de euros- señalan que ya se han realizado los estudios ambientales y arqueológicos, y aseguran que la construcción generará 500 puestos de trabajo durante 18 meses y otros 18 empleos fijos entre los residentes de la zona para su mantenimiento, entre otros beneficios.

“Los propietarios de los terrenos, además de percibir un alquiler, podrán mantener los usos ganaderos y otros compatibles con la actividad eólica, así como otros usos tradicionales de la zona, como la recolección de la castaña”, sostienen.

En las últimas semanas se han sucedido otras protestas, como las de los vecinos de Baza y Caniles (Granada), donde se pretende construir una gran planta fotovoltaica con 250 MW de potencia, en 700 hectáreas.

La alcaldesa de Caniles, María Pila Vázquez, deja claro que están a favor de las renovables, pero no de “megaproyectos” que “ocupan terreno fértil” para la agricultura, por lo que el consistorio ha presentado alegaciones para frenar el reconocimiento de interés público de la obra, con el fin de parar la expropiación de los terrenos y “defender los intereses” de sus propietarios.

Miedo a la despoblación

Miguel Padilla, miembro de la Comisión Ejecutiva de la organización COAG, rechaza los grandes proyectos promovidos por fondos de inversión extranjeros que ocupan tierras de regadío, “pudiendo hacerlo en zonas de secano donde la fertilidad no es la misma”.

Padilla considera que esas inversiones generan muy poca mano de obra a largo plazo y dificultan la capacidad que puedan tener las cooperativas pequeñas para verter a la red el exceso de electricidad producido por sus sistemas de autoconsumo.

En Guadalajara, la técnica de UPA María José Ramiro detalla que en zonas colindantes con la Comunidad de Madrid empresas intermediarias están acaparando terrenos para su inversión en energía fotovoltaica y muchos agricultores les han trasladado el “acoso tremendo” que sufren, aunque no lo hacen públicamente por miedo a represalias.

“La renta de un agricultor es muy inferior a la que pueden ofrecer las empresas captadoras en fotovoltaica. Nos parece estupendo que un agricultor con tierras propias las arriende por treinta años para hacer mejor negocio. El problema lo tienen los que labran las tierras arrendadas a otros propietarios y se quedan sin trabajo”, apunta Ramiro.

Ante el riesgo de despoblamiento, UPA reclama que se regule el porcentaje de superficie que se puede dedicar a las distintas actividades en el entorno rural y haya sitio para todos los usos, ya sea agricultura, generación de energía o turismo.

Por parte de la Asociación de Empresas de Energía Renovables en España (APPA), su director gerente, José María González Moya, argumenta que “todo promotor o empresa de renovables está obligado a pasar un trámite ambiental en el que se evalúan aspectos como la compatibilidad del uso del suelo, los impactos positivos o negativos de la instalación, y las medidas correctoras”.

Señala que muchas instalaciones se han puesto en marcha en terrenos agrícolas que estaban “ociosos” y que, a diferencia de las grandes centrales de generación, el aprovechamiento del sol y el viento tiene impactos “muy locales” que se pueden distribuir, al igual que su riqueza asociada.

“Cualquier actividad industrial o económica genera impactos. Pedimos que sean las administraciones las que velen por la compatibilidad en relación con los usos del suelo”, reclama.

El plan nacional de energía y clima movilizará 230.000 millones de euros en diez años en España; además, el Gobierno pretende destinar un 40 % de los 140.000 millones de los fondos europeos de recuperación a la transición ecológica, incluyendo proyectos de renovables en el ámbito rural.

Fuente
EFE Agro
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